La magistrada solicitó a Interpol el arresto preventivo de los imputados con fines de extradición para tomarles declaración indagatoria, según la resolución divulgada por el Centro de Información Judicial que depende de la Corte Suprema.
En una resolución de unas 300 páginas, la magistrada justificó su decisión en que "los delitos constituyen crímenes de lesa humanidad por lo que en uno u otro caso la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a la aplicación del principio de jurisdicción universal".
La orden es el resultado de una investigación que llevó a Cubría a escuchar testimonios en España de víctimas del franquismo en el País Vasco, Andalucía y Madrid.
Las asociaciones de víctimas acudieron a los tribunales argentinos por las dificultades para llevar el caso ante la justicia española en razón de una ley de Amnistía de 1977.
Servini de Cubría consideró que podía actuar en virtud del principio de justicia universal, luego de que el entonces juez español Baltasar Garzón, que llevaba el caso en los estrados españoles, fuera inhabilitado.
La jueza sostiene que la Constitución y tratados internacionales ratificados por Argentina respaldan su injerencia en el caso.
La magistrada ya había pedido en 2013 la extradición de dos expolicías franquistas acusados de presuntas torturas, el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, de 75 años, y el exinspector de la brigada político-social Juan Antonio González Pacheco, de 67 años, más conocido como "Billy el Niño".
En esos casos la justicia española denegó el pedido bajo el argumento que los crímenes imputados no constituyen delitos de lesa humanidad y además prescribieron hace años.
A finales de 2013 un grupo de querellantes viajó a Argentina para testificar ante Servini, quien pidió la apertura de los consultados argentinos en todo el mundo para facilitar la recepción de denuncias.
Las asociaciones de víctimas calculan que se produjeron más de 110.000 desapariciones forzosas y hasta 300.000 bebés robados durante el periodo investigado.
EFE
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